Eliminan slots de almacenes y solo habilitan 3 por bares
El Ministerio de Economía y legisladores del FA elaboraron un proyecto de ley para regular las 18.000 máquinas tragamonedas existentes en forma clandestina en el país, tras estimar que recaudan unos US$ 130 millones anuales.
La iniciativa es una síntesis de un grupo de trabajo conformado por el subsecretario del Ministerio de Economía, Luis Porto, y el director de Casinos, Javier Chá, por el Ministerio de Economía, y un grupo de parlamentarios del Frente Amplio.
El proyecto de ley, que será presentado en el Parlamento a partir del próximo 15 de febrero, es «restrictivo», ya que permite la instalación, en forma precaria, de solo tres máquinas tragamonedas en bares y prohíbe su colocación en almacenes, supermercados y autoservices como ocurre en este momento.
También crea un registro de propietarios y comercios que utilizan este tipo de máquinas de azar.
«Corresponde en primer lugar tener presente que la temática, objeto del proyecto que se adjunta, parte de la premisa de la prohibición histórica de todo juego de azar por parte del ordenamiento jurídico uruguayo, salvo aquel que se halle expresamente autorizado por el Poder Ejecutivo», señala el proyecto de ley al que tuvo acceso El País.
La exposición de motivos del proyecto de ley señala que el fenómeno comprende más de 18.000 máquinas en todo el país, las cuales «estarían obteniendo una recaudación mensual promedio de entre $ 12.000 y $ 16.000 por cada unidad (unos US$ 129.000 anuales). La operación aritmética sorprende y acusa con mayor intensidad si se razona y admite que es una renta que escapa a todo tipo de imposición fiscal».
La cantidad de máquinas clandestinas casi cuatriplican los slots (5.100) controlados por la Dirección de Casinos.
A pesar de lo previsto, «desde hace más de una década, se asiste al desarrollo vertiginoso y en completo desorden, de una oferta de juego no autorizado en base a la instalación de máquinas electrónicas (tragamonedas), que abarca cada vez mayor número y variedad de lugares, sin limitación, garantías o control alguno».
Las máquinas tragamonedas comenzaron a ser instaladas en el país hace 18 años. Los artefactos electrónicos y las placas de chips son importadas desde China. La mayoría de las máquinas tragamonedas que se pueden ver en los locales comerciales, son armadas en fábricas de Uruguay. Allí se integran los muebles, los motores y los monitores para completar las tragamonedas.
Los propietarios de las máquinas llegan a acuerdos con almacenes y autoservices a cambio de un 50% de la recaudación, la cual es levantada una vez por semana.
Las máquinas tragamonedas pululan en barrios periféricos de ciudades del interior del país. En Montevideo existen en todos los barrios, inclusive en bares céntricos.
El proyecto de ley señala: «El camino transitado hasta la fecha, caracterizado por el descontrol y muy aislados intentos de represión de estas conductas, ha devenido con el paso de los años en el más pernicioso de los escenarios».
Enseguida advierte que «la caótica multiplicación del fenómeno ha configurado una suerte de legalización de hecho, generando una situación gravemente irregular que no brinda garantías a los ciudadanos en general, expone a los menores, no respeta a ningún patrón de instalación, perjudica al propio Estado».
El texto plantea que las intendencias podrán autorizar el funcionamiento de hasta un máximo de tres máquinas electrónicas de azar, exclusivamente en lugares definidos como bares y cantinas.
No se podrá instalar slots clandestinos en establecimientos insertos o afectados a complejos de instituciones deportivas, culturales, sociales, educativas y religiosas, así como en restaurantes, quioscos y almacenes. El proyecto de ley crea un registro obligatorio para los operadores y explotadores de los slots, el cual se encargará de expedir la autorización correspondiente a los propietarios de las máquinas y de los establecimientos.
Las distintas gremiales de fabricantes y explotadores de las máquinas tragamonedas señalaron, en varias oportunidades, que desean regularizar la actividad y que esta genera empleos para unas 3.000 personas.
También advirtieron que muchos pequeños almacenes en localidades del interior subsisten gracias a esta actividad. Agregaron que los Juzgados de Paz han fallado a su favor cada vez que un organismo del Estado incautó máquinas tragamonedas porque no existe ninguna normativa expresa que las prohíba.
El Estado «ausente» pese a «flagelo social»
En septiembre de este año, la Intendencia de Florida intimó a unos 20 almacenes, quioscos y autoservices que regularizaran la situación de cientos de maquinitas, dijo a El País el intendente floridense, Carlos Enciso. «En la Intendencia figura un local que vende alimentos pero solo tiene máquinas clandestinas o ilegales. Estamos con voluntad de legalizar esa actividad», dijo.
El diputado nacionalista Ricardo Berois presentó en marzo de este año una exposición escrita sobre el tema. «En el interior del país -supongo que en Montevideo mucho más- observamos a diario cómo se expande el juego de maquinitas tragamonedas con la complicidad de un Estado totalmente ausente, que no controla, no regula, no limita, no interviene. Muestra un total descontrol sobre un flagelo social que daña fuertemente al individuo en forma personal, a su entorno familiar, de relaciones y en consecuencia a la comunidad», dijo.
Agregó que un relevamiento difundido en la prensa arrojó que en la ciudad de Trinidad, Flores, con 20.000 habitantes, existen aproximadamente 400 maquinitas slots instaladas.
Fuente: El País
